El Proyecto Integral Morelos (PIM) consiste en la construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca, un gasoducto de 160 kilómetros aproximadamente que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, así como infraestructura complementaria, en la zona de influencia del volcán Popocatépetl. Este PIM fue concesionado a tres empresas españolas: Elecnor y Enagás, para la construcción del gasoducto, y Abengoa para la construcción y operación de las centrales termoeléctricas.
Obras del gasoducto Morelos / Imagen: cortesía de La Jornada de Oriente
De acuerdo con la carpeta del “Proyecto Integral Morelos CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos”, emitida por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y Subdirección de Desarrollo de Proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, publicada en julio de 2011, el PIM consiste en:
- Dos centrales de generación eléctrica de ciclo combinado de 622.5 megavatios cada una que consumen gas natural como energético.
- Un ducto para transportar el gas desde los ductos de Pemex, al sitio de las centrales, de 160 kilómetros aprox. y diámetro de 30 pulgadas, en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
- Línea eléctrica de 20 kilómetros a la subestación Yautepec.
- Y un acueducto de 20 pulgadas desde Cuautla con longitud de 10 kilómetros.
- La inversión total es cercana a los mil 700 millones de dólares.
El esquema de inversión es el conocido como Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público, financiado por el sector privado o social (Pidiregas).
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó a Gasoducto de Morelos S.A.P.I de C.V. el permiso de transporte de gas natural G/292/TRA/2012.
En la Manifestación de Impacto Ambiental del Sistema de Transporte de Gas Natural Gasoducto Morelos, se informa que el trazo pasa por los siguientes municipios.
Sin embargo, esta información resulta inexacta hoy en día, porque el trazo del gasoducto fue modificado en la medida en que la entidad promovente y la empresa constructora entraban en conflicto con las poblaciones. De cada modificación del trazo, deberá existir una modificación correspondiente a la MIA, autorizada por Semarnat. Esto ha sido muy difícil de verificar, pues la información del PIM fue colocada como reservada.
El trazo de gasoducto afecta, además de polígonos municipales, polígonos ejidales y cuerpos de agua.
En diligencias de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de fechas de marzo y julio de 2014, se da cuenta de tres modificaciones en el trazo del gasoducto.
En diligencia de abril de 2014, la Profepa describió el impacto ambiental en barrancas y cercanías a corrientes de agua, de las obras de construcción del gasoducto Morelos en interconexión con la Central de Ciclo Combinado. No está claro si los impactos han sido mitigados adecuadamente.
El uso de suelo del predio fue caracterizado como de uso agrícola, y se le consideró sin valor ambiental. Se refiere además que por tratarse de un predio “transformado” no se requiere de autorización de cambio de uso de suelo. El documento consultado indica que “la disponibilidad de agua para el sistema de enfriamiento, repuesto al ciclo y servicios se realizará con agua negra tratada”, 210 litros: 200 para el sistema de enfriamiento húmedo, y 16 l para repuesto al ciclo. Adicionalmente, se especifica una tercera obra asociada al PIM, contenida en los documentos de Impacto Ambiental de la 264 CC Centro, que es el Acueducto.
Necesidad y pertinencia del Proyecto
La MIA del Gasoducto detalla una demanda pronosticada de gas, en Morelos, en 30 años, de 40 MMPCD, pero advierte que la viabilidad financiera está en la distribución de gas en el trayecto.
El consumo de gas natural que se prevé en una de las dos termoeléctricas, trabajando al cien por ciento, es de 2 millones 970 mil m3 por día; el flujo de gas que será transportado es de 9 millones 546 mil 743 m3 por día, es decir, hay un excedente probable para comercializar de 6 millones 576 mil 742 m3 por día.
Desde 2011, cuando fueron presentados las MIA del Proyecto Integral Morelos, la capacidad de generación de energía eléctrica declarada por la CFE es suficiente. Se desprende, pues, que el transporte de gas y la generación de energía eléctrica del PIM basa su pertinencia en la apertura de mercados y en la creación de una necesidad de consumo en sectores interesados. Para la distribución de gas natural, sobre todo en la zona sur del volcán Popocatépetl. Destaca que, en los análisis de pertinencia del proyecto, no se pondera de ninguna manera escenarios del mismo margen temporal –30 años– relacionados con la actividad eruptiva del volcán Popocatépetl, cuya zona de influencia es, precisamente, el área por la que cruza el gasoducto y en donde están ya instaladas las termoeléctricas.
El Proyecto se planteó desde hace 17 años con el nombre de Gasoducto Zapata como la solución al problema de la insuficiencia de energía eléctrica para la expansión industrial y urbana de la zona de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Conferencia de prensa del CUPREDER sobre el gasoducto Morelos / Imagen: cortesía de La Jornada de Oriente
En 1999, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió la Resolución por la que se determinó la zona geográfica Puebla-Tlaxcala para fines de distribución de gas natural en 15 municipios de Puebla y 10 de Tlaxcala; en 2010, el gobierno del estado de Morelos y la Secretaría de Energía, a través de la misma CRE determinaron una zona geográfica de distribución de gas natural en ocho municipios de ese estado.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal comunicó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria que las zonas geográficas de distribución de gas natural no requieren manifestación de impacto regulatorio. En el mismo documento de resolución se ofrecen datos de probable demanda y destinatarios de la distribución de gas natural en regiones de Puebla, además de Morelos, y se presume la concordancia con programas de ordenación de la zona conurbada intermunicipal, así como la consideración de la Zona Metropolitana de Cuernavaca. Es así que el Proyecto Integral Morelos es la instrumentación de la demanda determinada parcialmente por el sector representado por la Secretaría de Energía, para la transportación y distribución de gas natural, con fines de abrir mercados para la venta de este hidrocarburo y de la energía eléctrica generada por las dos termoeléctricas de ciclo combinado, y establecer en el mediano y largo plazo polos de desarrollo industrial en la región continua de Tlaxcala, Puebla y Morelos, y prolongar así los corredores de conurbación de los sistemas metropolitanos respectivos.
Plan visión 2030. Durante su periodo de gobierno, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa acordó con las empresas mexicanas y trasnacionales la entrega total de las áreas estratégicas y los bienes de la nación. En su primera etapa, vigente desde el 1 de diciembre de 2006, las privatizaciones se dan como “asociaciones público-privadas”, “proyectos de prestación de servicios” y “obras públicas financiadas”.
Cuatro documentos de trabajo desclasificados por la Presidencia –y elaborados en el marco de los talleres del “Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos”– revelan las áreas en las que se aplica o aplicará el esquema: energía, hidrocarburos, transporte, telecomunicaciones, servicios urbanos, infraestructura ambiental, hidráulica, educativa, en salud, en seguridad pública, en campo, vivienda y desarrollo urbano. Además, detalla que se desarrollará la “vocación turística del país en materia de patrimonio cultural y patrimonio ambiental”. También, que se garantizará la certeza en la tenencia de la tierra y en la inversión privada. De acuerdo con los documentos, las reformas que “flexibilizan” los ámbitos fiscal, laboral, educativo, de pensiones, de salud son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos.
Amenaza volcánica
El Proyecto Integral Morelos ha hecho a un lado la amenaza volcánica. Las justificaciones oficiales y extraoficiales dadas por el personal de la CFE y las constructoras, en el diseño del proyecto conjunto, reflejan la incomprensión del fenómeno eruptivo, e incluso errores obvios en los documentos técnicos que componen el Manifiesto de Impacto Ambiental. Es importante mencionar que el trazo del gasoducto pasa por vías de comunicación consideradas por el Gobierno del estado de Puebla y Protección Civil como Rutas de Evacuación. Son 10 rutas que permitirán la evacuación de localidades asentadas en las zonas de riesgo mayor, moderado y menor, mismas que deberán ser llevadas a los refugios temporales ubicados en San Martín Texmelucan, Cholula, Izúcar de Matamoros y la ciudad de Puebla en caso de un incremento en la actividad eruptiva.
En los documentos del PIM (MIA del gasoducto y de la termoeléctrica y acueducto) en sus apartados de escenarios de riesgo, no hacen mención de la articulación o siquiera revisión de los programas de manejo de emergencias frente a un aumento de la actividad eruptiva del Popocatépetl. En el documento titulado “Plan de Emergencia y Evacuación por Cercanía al Volcán Popocatépetl” elaborado por la empresa contratista Bonatti –a cargo de la construcción del gasoducto–, se hace referencia errónea al Plan de Preparativos para la Emergencia del estado de México.
Planes de manejo de emergencias y accidentes. En junio de 2016, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA-Semarnat) autorizó el Programa de Prevención de Accidentes, presentado por la empresa Gasoducto de Morelos S.A.P.I. Sucesivamente, entre 2016 y 2018, y como respuesta a los requerimientos tanto de la autoridad de Derechos Humanos, y a las observaciones de entidades como el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la empresa Gasoducto Morelos presentó sus planes de protección civil y manejo de accidentes o emergencias, a las autoridades de Protección Civil de los estados de Morelos, México y Puebla, así como a la ASEA. Estas actividades, como también la realización de simulacros para el manejo de una emergencia (marzo de 2019), deben ser revisadas para determinar su suficiencia.
Amenaza eruptiva y polos de desarrollo. Sin embargo, el rasgo más grave de este proyecto, que no se encuentra en la MIA ni había sido expresado claramente en público, es la pretensión de crear polos de desarrollo a partir del gas y de la generación de energía eléctrica en zonas de riesgo eruptivo. El trazo del ducto y la instalación de las dos plantas de ciclo combinado corresponden a zonas de peligro debidamente establecidas en el mapa oficial correspondiente del Instituto de Geografía de la UNAM.
El consumo de gas natural que se prevé en la termoeléctrica trabajando al cien por ciento es de 2 millones 970 mil m3 por día; el flujo de gas que será transportado es de 9 millones 546 mil 743 m3 por día, es decir, hay un excedente de 6 millones 576 mil 742 m3 por día, mismo que es de esperarse que será comercializado en el trayecto del gasoducto, lo que confirma desde nuestro punto de vista la intención de animar polos de desarrollo de alta densidad en una zona de peligro eruptivo.
El trazo del gasoducto en la MIA pasa por lugares donde va a representar un inminente peligro o de plano junto a zonas ya edificadas, algunas estratégicas: pozos de agua potable y de riego, instalaciones escolares, instalaciones de microindustria local, zonas habitacionales.
Opinión del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Probablemente como respuesta a las dudas vertidas, en 2014 la CFE requirió y obtuvo del Instituto de Ingeniería de la UNAM una “Opinión técnica referente a los riesgos potenciales generados por la presencia del Gasoducto Morelos”. En este documento (en adelante El Informe), que tiene el objetivo de “emitir una opinión técnica referente a los efectos que la presencia del volcán Popocatépetl puede tener en el gasoducto Morelos”, se señala que fue tomada en cuenta la información proporcionada por la CFE, las empresas dueñas del gasoducto (Elecnor y Eneagás), y documentos de otras fuentes (Cenapred y Cupreder).
El Informe concluye, en términos generales, que el diseño del gasoducto es adecuado, que en sitios determinados el ducto tiene mayor espesor, que respeta la profundidad de instalación según la normatividad aplicable, y que todo ello ha sido avalado por la CRE. Respecto al análisis de la interacción de peligros eruptivos con la infraestructura en cuestión, el Informe se basa en el Mapa de Peligros edición 1995, y concluye que “las distintas manifestaciones asociadas a la actividad del volcán Popocatépetl estrictamente sólo representan una posible causa adicional al gasoducto Morelos”. El Instituto de Ingeniería de la UNAM recomienda que el gasoducto no distribuya gas en su trayecto.
Gasoducto Morelos, Programas de Ordenamiento Territorial, cambios de uso de suelo y expansión industrial y urbana
En la región rige un Programa de ordenamiento Ecológico y por Riesgo Eruptivo (POERE), decretado en vigor en enero de 2005. El programa rige 19 municipios del estado de Puebla, 13 de Edomex y 5 de Morelos. En el estado de Puebla, el decreto consideró fielmente el trabajo del equipo de investigación que hizo el Modelo de Ordenamiento Ecológico. En los estados de Morelos y México, el documento publicado fue modificado respecto al que fue entregado por el equipo de trabajo. Es importante destacar que la modificación fue decidida por razones ajenas al proceso de trabajo indicado en los convenios respectivos.
La instalación del gasoducto viola el Programa de Ordenamiento Ecológico y por Riesgo Eruptivo de la Región del Volcán Popocatépetl y su zona de Influencia en el estado de Puebla (POERE) aprobado y vigente, porque establece condiciones de peligro para la población adicionales al peligro eruptivo, y sobre todo incentiva la expansión de la mancha urbana y el exponencial aumento de la presión sobre bienes ambientales como el agua y el suelo.
En las 16 Unidades de Gestión Ambiental y por Riesgo Eruptivo (UGARE) de este POERE por las que pasa el trazo del gasoducto (MIA 2011), los usos de suelo de Asentamientos Humanos, Industria e Infraestructura están condicionados por los siguientes criterios ecológicos aplicables por sector:
Asentamientos Humanos en Riesgo AHR y de Infraestructura y Servicios IS. AHR 1: No se permite el establecimiento de nuevos asentamientos humanos, así como la existencia de reservas urbanas, ni instalaciones que los propicien. AHR 6: Se podrán construir obras de infraestructura destinadas al control, defensa o aprovechamiento de los recursos naturales de la región, o para la investigación científica y prevención frente a la amenaza eruptiva y de otros desastres. Es estos casos se requerirá de permiso expreso y por escrito de las dependencias competentes. (Semarnat, secretaría estatal del medio ambiente y dependencias federales o estatales de Protección Civil). IS 3: Sólo se deberán ejecutar obras para el mantenimiento de la infraestructura ya existente. Podrá instalarse o ampliarse infraestructura que cubra las necesidades de los habitantes: redes eléctricas, telefónicas, drenaje, agua potable, así como el mejoramiento de las vialidades locales. Deberá restringirse al máximo la construcción de infraestructura que propicie el desarrollo urbano o industrial. IS 9: No deberá autorizarse la perforación de nuevos pozos para la extracción de agua, salvo en casos que sean aprovechamientos básicos para las comunidades y no para particulares, tomando en cuenta la disponibilidad actual y proyectada del acuífero y la situación de recarga concreta de la obra pretendida. IS 11: No se permitirá el entubamiento, la desviación, contaminación, desecamiento, obstrucción de cauces, ríos, manantiales, lagunas y otros cuerpos de agua. IS 12: Las instalaciones en barrancas serán reguladas, por ser éstas últimos sistemas fundamentales para mantener la hidrodinámica y la biodiversidad del territorio, así como configurar trayectos de flujos eruptivos peligrosos. IS 13: No deberá autorizarse la construcción de infraestructura o servicios que propicien el cambio de uso natural o agrícola del territorio, fomenten los desarrollos urbanos o industriales, pongan en peligro a los pobladores, las instalaciones públicas o privadas o al ecosistema debido a la potencialidad de la actividad eruptiva del Popocatépetl. IS 14: Sólo se permite la instalación de industria de bajo impacto ambiental, buscando la prevalencia de parques tecnológicos sobre los parques industriales.
En la MIA del gasoducto no se alude a ninguno de estos criterios ecológicos, así como tampoco se ponderan adecuadamente en los resolutivos expedidos por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat.
Respecto al Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Volcán Popocatépetl y su Zona de Influencia del estado de Morelos, tanto la central termoeléctrica como 700 m de la trayectoria del acueducto, se encuentran en las UGA 27 y 31 del POERE, sin embargo, aplican dado que la política es de Protección y Aprovechamiento, respectivamente, y con un uso de suelo condicionado para infraestructura. Como se menciona antes, el documento decretado por el gobierno estatal de Morelos fue modificado con respecto al trabajo que el CUPREDER entregó, de manera que los criterios ecológicos no son tan precisos como en el caso del mismo Ordenamiento para Puebla. Esta situación es, en sí misma, una irregularidad que llama la atención.
Supuestas autorizaciones de Cenapred y Geofísica de la UNAM.
Entre los rasgos de desinformación respecto al proyecto destaca la supuesta aprobación por parte de la comunidad de científicos vulcanólogos y geofísicos al PIM.
En el Resolutivo al proyecto STGNM-Gasoducto Morelos, apartado XVIII, se establece que la DGIRA a través del oficio S.G.P.A./DGIRA/DESEI/6610/11, solicitó la opinión técnica al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), respecto al riesgo volcánico que presenta la zona por la instalación del gasoducto, así como las medidas de prevención y mitigación de desastres ante la posible contingencia de un desastre. En el apartado XXIII se reporta que el Cenapred a través del oficio HOO-D.G./1091/2011 emiten su opinión y “se deslinda de cualquier uso indebido o interpretación que se haga con la información contenida, sin que se asuma responsabilidad alguna por la falta de seguimiento o ejecución de las recomendaciones expresadas”. Posteriormente, mediante el oficio Hoo-D.G./1025/2012, el Cenapred hace comentarios puntuales al documento de la MIA, señala errores persistentes y concluye que mantiene las mismas recomendaciones ya ofrecidas a las empresas promoventes y a CFE respecto al gasoducto. Posteriormente, con fecha del 29 de octubre de 2012, catorce especialistas en geofísica, autores del mapa de peligros del volcán Popocatépetl, denunciaron la alteración de este documento por parte de la CFE “que intente dar la impresión de ausencia de riesgo en esas zonas”. Con fecha 6 de diciembre de 2012, en comunicación subsecuente, reiteran a CFE la petición de que públicamente aclare la manipulación del mapa de peligros, y agregan su preocupación porque “las estimaciones de los tiempos de retorno y de probabilidad de ocurrencia de flujos de lodo […] no han sido apropiadamente estimada y probablemente están subestimadas”.
En la MIA del Proyecto 264 CC Centro no aparece referido ni consultado ningún material del Cenapred o del Instituto de Geofísica de la UNAM que refleje que los interesados entienden que están situados en la falda de un volcán activo, ni el interés por comprender la interacción de la instalación con el peligro eruptivo; ni en el resolutivo al proyecto aparece que la DGIRA se haya dirigido al Cenapred o a Geofísica de la UNAM para obtener su opinión respecto a la instalación de la central termoeléctrica en el lecho de flujos de lodo históricos del volcán Popocatépetl.
Trazo del gasoducto Morelos / Imagen: CUPREDER
Opinión de 2018 del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Con fecha 16 de julio de 2018, el Cenapred y la Coordinación Nacional de Protección Civil presentan su “Nota informativa Evaluación del riesgo asociado al gasoducto Morelos por actividad del volcán Popocatépetl”. En ella se detalla que el 18 de junio de ese mismo año, el Cenapred recibió de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos de la CFE el trazo “actualizado y definitivo” del gasoducto en formato kmz. Se hizo un análisis para cada tipo de peligro, con información de los nuevos Mapas de Peligros del volcán Popocatépetl.
Destaca de la nota técnica que no se alude a una asesoría directa o participación de los autores de los nuevos Mapas de Peligros del volcán Popocatépetl, para la elaboración de estas conclusiones, ni tampoco se recupera información relacionada con la interacción entre la actividad sísmica de 2017 y la actividad eruptiva. Asimismo, se transfiere la responsabilidad de gestión del riesgo relacionada con los usos de suelo a los municipios y sus autoridades.
Falta de transparencia, presión y criminalización.
En los años de gestión del Proyecto Integral Morelos (PIM) la CFE no ha expuesto abiertamente, ni a medios de comunicación ni a los actores locales –comunidades campesinas con quienes ha negociado la compra o renta de la servidumbre de paso para estos proyectos–, que se trata de abrir mercados para el energético y generar una conversión industrial en zonas de vocación y productividad agrícola, y además seriamente expuestas al peligro volcánico. Sólo recientemente –de uno años a la fecha– y bajo la presión social que demanda información, se han sucedido declaraciones de actores de gobierno estatales y del sector que admiten la magnitud de los cambios regionales previstos para la zona, información que se proporciona a cuentagotas y siempre en el ámbito de espacios institucionales cerrados al diálogo y al debate.
Destaca la manipulación del mapa de peligros del volcán Popocatépetl elaborado por el Instituto de Geofísica de la UNAM y presentado por el Cenapred como un instrumento de planeación para la prevención de la emergencia. El mapa manipulado fue divulgado mediante un folleto de amplia distribución entre las comunidades en las que la CFE pretende conseguir el paso de servidumbre para el gasoducto.
Destaca también la diferencia entre el trazo del gasoducto declarado en el MIA de 2011 y los testimonios entregados por pobladores de las comunidades de Puebla, Tlaxcala y Morelos, en los que se hace evidente que los gestores del gasoducto van abriéndose paso por entre las comunidades en la zona del volcán sin necesariamente apegarse al MIA, y sin que sepamos cuántas modificaciones a este Manifiesto se han tramitado y aprobado adecuadamente, y si esto ha ocurrido en los plazos legales correspondientes.
La opacidad con la que se ha emprendido la gestión y ejecución del PIM tiene un alto costo social entre las comunidades de la región del volcán Popocatépetl; se ha traducido en persecución política y encarcelamientos.
La presión sobre las comunidades, en forma de desinformación, cohecho, o criminalización de la protesta social, se llevó al extremo en el encarcelamiento por crímenes que después resultaron desestimados plenamente por falta de pruebas, de distintas personas en Puebla y Morelos, sobre todo. En contraste, hubo múltiples esfuerzos de las comunidades afectadas en los tres estados por establecer mesas de diálogo y allegarse de la información que les permitiera decidir respecto a la conveniencia del proyecto. Se realizaron asambleas, recorridos, los vecinos buscaron especialistas e incluso citaron a la CFE para que presentara el proyecto. Los esfuerzos fueron infructuosos.
La autorización para la ejecución de las obras del gasoducto, obtenida de parte de las autoridades locales o ejidales, tampoco ha garantizado la retribución acordada a los dueños de los predios, en muchos casos. En otros, la presión de las comunidades consiguió beneficios en forma de caminos pavimentados, ambulancias y otras obras públicas; sin embargo, cualquier análisis permite ver que tales retribuciones no compensan en el mediano y largo plazo el impacto previsible del Proyecto ni la mala ejecución social del mismo.
Generación de nuevos escenarios de riesgo: hundimientos regionales
Existe una relación entre el tipo de geología y los asentamientos diferenciales en la zona del lago de Chalco y el corredor Puebla-San Martín Texmelucan. La transformación de la región Puebla Tlaxcala y Morelos en una región de distribución de gas natural para usos industriales y habitacionales animará la expansión de la mancha urbana en dichas zonas. Estas nuevos asentamientos habitacionales e industriales generarán una demanda mayor de agua que será satisfecha, según las tendencias prevalecientes, con más explotación de los acuíferos de las Región Hidrológica RH 18 Balsas, que se encuentra en veda desde 1960. La geología presente en dichas áreas, compuesta por aluviones, constituye un escenario comparable a la de la cuenca endorreica de México, en donde “el descenso continuo del nivel de acuíferos provoca la disminución de las presiones del agua intersticial e incrementa el esfuerzo que actúa en la parte sólida del subsuelo. Esto desencadena hundimientos de la superficie que casi siempre terminan por afectar a las construcciones e instalaciones municipales […] En México el problema se ha extendido a otros lugares de la República […] y empieza a manifestarse en Toluca y Puebla.”
En Morelos, los acuíferos involucrados son Cuautla-Yautepec, Tepalcingo-Axochiapan, acuífero Cuernavaca, acuífero Zacatepec. Los tres primeros acuíferos tienen veda tipo II, sólo extracciones para uso doméstico o de abrevadero.
Dictamen del INAH sobre sitios arqueológicos afectados
El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha documentado la presencia de al menos 46 sitios arqueológicos que pueden ser afectados por la instalación del PIM, 13 en Morelos, 11 en Puebla y 22 en Tlaxcala. De este total, 28 son sitios de estructuras arquitectónicas. El INAH señala en su documento que a lo largo del trazo hay zonas que aún no han sido investigadas, particularmente en el trazo correspondiente a Puebla en la colindancia con Morelos. Gran parte de los sitios con arquitectura están situados entre 200 y 800 m de distancia al trazo del gasoducto.
Zonas de operación del gasoducto Morelos / Imagen: CUPREDER
Acciones jurídicas vigentes
Hoy en día, pesan sobre el Gasoducto Morelos la suspensión definitiva de la obra en el tramo que cruza por las comunidades y ejidos de San Jerónimo Calera, Santa Lucía Cosamaloapan, San Isidro Huilotepec y San José el Recreo, del municipio de Atlixco, en el estado de Puebla. La sentencia establece obligaciones para CFE, el ayuntamiento de Atlixco, Comisión Reguladora de Energía, además, establece que debieron ser consultados antes de la realización de la obra.
Asimismo, la comunidad de Huexca obtuvo la suspensión definitiva de la obra de desagüe o vertedero de aguas de enfriamiento al río Cuautla procedentes de la Termoeléctrica.
Resultado de las quejas y movilizaciones legales de las comunidades, hay un expediente abierto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que resultó en la Recomendación no. 3/2018 “Sobre el caso de violaciones a los derechos a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas y a la información en relación con el Proyecto Integral Morelos”, extendida a la Semarnat, la CFE y la CDI. En dicha Recomendación, se enuncian una serie de acciones administrativas, legales y sociales para resarcir las violaciones a todas y cada una de las comunidades afectadas por el PIM, en los tres estados.
Las comunidades de San Lucas Atzala y San Andrés Calpan obtuvieron un amparo para que las autoridades federales eviten poner en riesgo a los pueblos con el Gasoducto Morelos en virtud de la actividad eruptiva del Popocatépetl.
El ejido de Amilcingo, en Yecapixtla, Morelos, obtuvo suspensión de plano para la construcción y la operación de la obra del Gasoducto Morelos, en este julio de 2019.
La sismisidad del 19 de septirmbre de 2017 y las repercusiones en el trazo del Gasoducto Morelos
El Servicio Sismológico Nacional advierte que “México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas: la placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe.” Por esto, “es común la ocurrencia de sismos entre los estados de Puebla y Morelos”. En la imagen siguiente se muestran los epicentros de los eventos sísmicos en la región central de México reportados en el catálogo del SSN. Los colores indican los rangos de magnitud que se indican en la parte superior derecha. La estrella roja es el epicentro del sismo del 19 de septiembre de 2017.
El día 19 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 7.1 localizado en el límite estatal entre los estados Puebla y Morelos, a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de México. El sismo, ocurrido a las 13:14:40 horas, fue sentido fuertemente en el centro del país. Las coordenadas del epicentro son 18.40 latitud N y -98.72 longitud W. El mecanismo focal del sismo muestra una “falla de tipo normal, característica de un sismo intraplaca” (SSN, 2017.)
La profundidad del epicentro fue de 57 km. La cámara magmática del volcán Popocatépetl se encuentra a 8 km de profundidad, estimada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres con datos de los registros sísmicos del volcán Popocatépetl.
Hasta las 18:00 hrs del 19 de septiembre se habían registrado 6 réplicas.
En la imagen siguiente se muestra el mapa de intensidades y la localización del epicentro del sismo del 19 de septiembre de 2017, elaborado por el SSN e incluido en el reporte especial de septiembre de 2017. Sobre él, está representado el trazo del gasoducto del Proyecto Integral Morelos, según las coordenadas obtenidas en el ERA de 2011. Como es evidente, desde el tramo oriente-sur, todo el tramo sur hasta el extremo final del gasoducto Morelos, que termina en las termoelécricas edificadas en Huexca, Yecapixtla, están dentro de las intensidades mayores identificadas. Esta zona es, también, la que mayores daños sufrió por el sismo, en los estados de Puebla y Morelos.
Luego de la ocurrencia del sismo, el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la BUAP recabó reportes de que afloramientos de agua se perdieron (caso Agua Hedionda, Cuautla, y San Ramón y Palo Bolero en Xochitepec, Apotla en Puente de Ixtla, todo en el estado de Morelos, o bien fueron sepultados por toneladas de suelo removidas por efecto del movimiento sísmico. El gerente estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Alberto Jiménez Merino, informó a diversos medios que cinco manantiales de Tochimilco y Tianguismanalco desaparecieron a consecuencia del temblor del 19 de septiembre, pues “con el movimiento sísmico quedaron sepultados por tierra y dejaron de abastecer agua a más de seis mil habitantes”. Según el funcionario, “el caudal de los dos manantiales reapareció en la localidad de Tlapanalá, por lo que la Conagua tendrá que instalar pozos alternos para abastecer a los pobladores de la región de Atlixco que se quedaron sin suministro del vital líquido. Es el caso de la comunidad de San Miguel Tecuanipa, Tochimilco.
El Director General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Alberto Amador Leal, reveló que los municipios más afectados en cuanto a viviendas fueron: Chietla con 2 mil 671; Atlixco con mil 497 y Huaquechula con mil 300. En Atlixco están las comunidades de Santa Lucía Cosamaloapan, San Isidro Huilotepec, San José el Recreo y San Jerónimo Caleras, amparadas por la sentencia del juicio 402/2015.